Sheldon Richman mayo 14, 2018

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Como sistema económico, el fascismo es socialismo con un barniz capitalista. La palabra se deriva de fasces, el símbolo romano del colectivismo y del poder: un manojo atado de varas con un hacha que sobresale. En su día (los años veinte y treinta), el fascismo fue visto como el afortunado punto medio entre el capitalismo liberal, inclinado a auges y decadencias, con su presunto conflicto de clases, una competencia derrochadora y un egoísmo orientado a las ganancias, y el marxismo revolucionario, con su persecución violenta y socialmente divisiva de la burguesía. El fascismo sustituyó con la particularidad del nacionalismo y el racismo -“sangre y tierra”- al internacionalismo, tanto del liberalismo clásico como del marxismo.

Mientras que el socialismo buscó el control totalitario del proceso económico de la sociedad, por medio de la operación directa por el estado de los medios de producción, el fascismo buscó dicho control indirectamente, por medio de la dominación de los nominalmente dueños privados. Mientras el socialismo nacionalizó la propiedad explícitamente, el fascismo lo hizo implícitamente, requiriendo que los dueños usaran su propiedad en el “interés nacional” –esto es, tal como lo concebía la autoridad autocrática. (No obstante, unas pocas industrias fueron operadas por el estado). En tanto que el socialismo abolió completamente todas las relaciones de mercado, el fascismo permitió la apariencia de relaciones de mercado, a la vez que planificaba todas las actividades económicas. Mientras el socialismo abolió el dinero y los precios, el fascismo controló el sistema monetario y fijó políticamente todos los precios y salarios. Al así hacerlo, el fascismo desnaturalizó al mercado. Se suprimió al empresariado. Los ministerios del estado, en vez de los consumidores, determinaban lo que se iba a producir y bajo qué condiciones.

El fascismo debe ser distinguido del intervencionismo o de la economía mixta. El intervencionismo busca guiar al proceso de mercado, no eliminarlo, tal como lo hizo el fascismo. Los salarios mínimos y las leyes antimonopolio, aunque ambas regulan al mercado libre, están muy lejos de los planes multianuales del Ministerio de Economía.

Bajo el fascismo, el estado, por medio de los carteles oficiales, controló todos los aspectos de la manufactura, comercio, finanzas y agricultura. Oficinas de planificación fijaron las líneas de producción, los niveles de producción, los precios, los salarios, las condiciones de trabajo y el tamaño de las firmas. Para todo se requería de licencias; ninguna actividad podía llevarse a cabo sin el permiso del gobierno. Los niveles de consumo eran dictados por el estado y los ingresos “en exceso” tenían que ser entregados como impuestos o “préstamos.” Las cargas que en consecuencia recaían sobre los manufactureros, le dieron ventajas a firmas externas que quisieran exportar. Pero, dado que la política gubernamental se dirigía hacia la autarquía, o la auto-suficiencia nacional, el proteccionismo era necesario: las importaciones fueron prohibidas o controladas estrictamente, haciendo que la conquista del extranjero fuera la única avenida para tener acceso a recursos, que no estaban disponibles domésticamente. Así, el fascismo era incompatible con la paz y la división internacional del trabajo –las señas de identidad del liberalismo.

El fascismo ha encarnado al corporativismo, en el cual la representación política se basaba en el comercio y la industria, en vez de la geografía. En esto, el fascismo reveló sus raíces en el sindicalismo, una forma de socialismo que se origina en la izquierda. El gobierno creó carteles de empresas de una misma industria, con representantes del trabajo y de la administración sirviendo en una miríada de consejos o juntas nacionales, regionales y locales –siempre sujetas a la autoridad final del plan económico del dictador. Se pretendía que el corporativismo evitara divisiones incómodas dentro de la nación, tales como cierres de empresas o huelgas de sindicatos. El precio de esa “armonía” forzada fue la pérdida de la habilidad de negociar y de desplazarse libremente.

A fin de mantener niveles altos de empleo y de minimizar el descontento popular, los gobiernos fascistas también se propusieron realizar proyectos de trabajos públicos masivos, financiados por altos impuestos, pidiendo prestado y creando dinero fiduciario. En tanto que muchos de estos proyectos eran domésticos -carreteras, edificios, estadios- el proyecto más grande fue la militarización, con enormes ejércitos y producción de armamentos.

El antagonismo de los líderes fascistas hacia el comunismo ha sido mal interpretado como una afinidad hacia el capitalismo. En efecto, el anti-comunismo de los fascistas fue motivado por una creencia en el ambiente social de la Europa de principios del siglo XX, de que el comunismo era su rival más próximo en cuanto a gozar de la lealtad del pueblo. Tal como con el comunismo, bajo el fascismo cada ciudadano era vislumbrado como un empleado y un inquilino del estado totalitario dominado por el partido. En consecuencia, era una prerrogativa del estado usar la fuerza, o la amenaza de ella, para reprimir incluso a una oposición pacífica.

Si se puede identificar a un arquitecto formal del fascismo, es Benito Mussolini, quien en una ocasión fuera el editor marxista, el cual, absorto en un fervor nacionalista, rompió con la izquierda al aproximarse la Primera Guerra Mundial y convertirse en el líder de Italia, en 1922. Mussolini distinguió así al fascismo del capitalismo liberal, en su autobiografía de 1928:

“El ciudadano en el Estado Fascista ya no es un individuo egoísta quien tiene el derecho anti-social de rebelarse en contra de cualquier ley de la Colectividad. El Estado Fascista, con su concepción corporativa, pone a los hombres y sus posibilidades en un trabajo productivo e interpreta por ellos los deberes que tienen que cumplir.” (Benito Mussolini. My Autobiography. New York: Scribner’s, 1928, p. 280).

Antes de su incursión en el imperialismo en 1935, a menudo Mussolini fue alabado por prominentes estadounidenses e ingleses, incluyendo Winston Churchill, por su programa económico.

Similarmente, Adolfo Hitler, cuyo Partido Nacional Socialista (Nazi) adaptó el fascismo a principios de 1933, dijo:

“El estado debe conservar la supervisión y cada dueño de propiedad debe considerarse a sí mismo nombrado por el estado. Es su deber no usar su propiedad en contra de los intereses de otros dentro de su propio pueblo. Este es el tema crucial. El Tercer Reich siempre retendrá su derecho a controlar a los dueños de la propiedad.” (Barkai, 1990, págs. 26-27).

Ambas naciones exhibieron esquemas elaborados de planificación de sus economías para poder llevar a cabo los objetivos del estado. El estado corporativo de Mussolini “consider[aba] a la iniciativa privada en la producción como el instrumento más efectivo para proteger los intereses nacionales.” (Basch, 1937, p. 97). Pero el significado de “iniciativa” difería significativamente de su alcance en una economía de mercado. El trabajo y la administración fueron organizados en veintidós “corporaciones” industriales y comerciales, cada una de las cuales tenía a miembros del Partido Fascista como participantes sénior. Las corporaciones estaban consolidadas en un Consejo Nacional de Corporaciones; sin embargo, las decisiones verdaderas eran tomadas por agencias estatales, tales como el Instituto per la Ricosstruzione Industriale [Instituto para la Reconstrucción Industrial], el cual tenía acciones en empresas industriales, agrícolas y de bienes raíces, y el Instituto Mobiliare [Mercado de Valores], el cual controlaba el crédito del país.

El régimen de Hitler eliminó las pequeñas empresas e hizo obligatoria la membresía en carteles. [1] La Reich Economic Chamber [Cámara de Economía del Reich (Imperio)] estaba por encima de una burocracia complicada, de cerca de doscientas organizaciones de la industria comercio y líneas artesanales, así como de varios consejos nacionales. El Frente Laboral, una extensión del Partido Nazi, dirigía todos los asuntos de trabajo, incluyendo salarios y la asignación de trabajadores a tareas específicas. La conscripción laboral se inauguró en 1938. Dos años antes, Hitler había impuesto un plan de cuatro años para cambiar la economía alemana a una de guerra. En Europa, durante esta era, también España, Portugal y Grecia instituyeron economías fascistas.

En los Estados Unidos, empezando en 1933, la constelación de intervenciones gubernamentales conocidas como el New Deal [Nuevo Trato], tenía características del estado corporativo. La National Industrial Recovery Act [Ley de Recuperación de la Industria Nacional] creó códigos de autoridades y códigos de prácticas que gobernaban todos los aspectos de la manufactura y del comercio. La National Labor Relations Act [Ley Nacional de Relaciones Laborales] hizo del gobierno federal el árbitro final en asuntos laborales. La Agricultural Adjustment Act [Ley de Ajuste Agrícola] introdujo la planificación central de la agricultura. El objetivo era reducir la competencia y la producción, a fin de mantener los precios y evitar que se redujeran los ingresos de grupos particulares durante la Gran Depresión.

Es un tema controversial si el Nuevo Trato del presidente Roosevelt estuvo influenciado por las políticas económicas fascistas. Mussolini alabó al Nuevo Trato, como “nítidamente… intervencionista en el campo de la economía,” y Roosevelt le agradeció a Mussolini su “propósito honesto de restaurar a Italia” y reconoció que mantuvo “contacto bastante cercano con ese admirable caballero italiano.” También se sabía que Hugh Johnson, quien era la cabeza de la National Recovery Administration [Administración para la Recuperación Nacional], llevaba consigo una copia del libro pre-Mussolini de Raffaello Viglione, The Corporate State [El Estado Corporativo], y que le dio una copia al Secretario de Trabajo Frances Perkins y que, al pensionarse, le brindó un tributo al dictador italiano.

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ACERCA DEL AUTOR 

Sheldon Richman es editor de The Freeman: Ideas on Liberty, de la Foundation for Economic Education de Irvington on-Hudson, Nueva York
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LECTURAS ADICIONALES
Barkai, Avraham. Nazi Economics: Ideology, Theory, and Policy. Trad. Ruth Hadass-Vashitz. Oxford: Berg Publishers Ltd., 1990.
Basch, Ernst. The Fascist: His State and His Mind. New York: Morrow, 1937.
Diggins, John P. Mussolini and Fascism: The View from America. Princeton: Princeton University Press, 1972.
Flynn, John T. As We Go Marching. 1944. Reimpresión. New York: Free Life Editions, 1973.
Flynn, John T. The Roosevelt Myth. New York: Devin-Adair, 1948.
Laqueur, Walter, ed. Fascism: A Reader’s Guide. Berkeley: University of California Press, 1976.
Mises, Ludwig von. Omnipotent Government. New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1944.
Mussolini, Benito. Fascism: Doctrine and Institutions. Firenze: Vallecchi, 1935.
Mussolini, Benito. My Autobiography. New York: Scribner’s, 1928.
Pitigliani, Fauto. The Italian Corporative State. New York: Macmillan, 1934.
Powell, Jim. FDR’s Folly: How Roosevelt and His New Deal Prolonged the Great Depression. New York: Crown Forum, 2003.
Shirer, William L. The Rise and Fall of the Third Reich. New York: Simon and Schuster, 1960.
Twight, Charlotte. America’s Emerging Fascist Economy. New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1975.
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NOTAS AL PIE DE PÁGINA
[1] “Leyes decretadas en octubre de 1937 simplemente disolvieron todas las empresas que tenían un capital de menos de $40.000 y prohibieron el establecimiento de nuevas que tuvieran un capital de menos de $20.000.” (Shirer, 1950, p. 262).

Sheldon Richman

Sheldon Richman es editor de The Freeman: Ideas on Liberty, de la Foundation for Economic Education de Irvington on-Hudson, Nueva York

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